Vapeadores y tabaco: lo que la reforma fiscal deja pasar

Organizaciones advierten que reforma fiscal podría abrir la puerta a la legalización indirecta de vapeadores

Aunque la reforma fiscal propuesta por la Cámara de Diputados busca actualizar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para productos como tabaco y alcohol, organizaciones civiles alertaron que los cambios son insuficientes para reducir el consumo de sustancias nocivas y, en algunos puntos, podrían tener efectos contraproducentes para la salud pública.

En un posicionamiento conjunto, Salud Justa Mx y la Coalición México SaludHable -que agrupa a más de 60 organizaciones- pidieron al Congreso ajustar el proyecto conforme a las recomendaciones internacionales en materia de impuestos saludables.

Las organizaciones sostienen que el gravamen propuesto a los cigarros está por debajo del estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere un impuesto mínimo de 3 pesos por cigarro (alrededor de 0,16 dólares)

Riesgo de "legalización indirecta" de vapeadores

Uno de los principales señalamientos es que, al incluir impuestos a productos con nicotina, la iniciativa podría abrir la puerta a la legalización indirecta de los vapeadores, cuya venta y comercialización continúan prohibidas por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Según las organizaciones, el dictamen también facilitaría la entrada legal de productos novedosos como las bolsas de nicotina y el tabaco calentado, dispositivos que actualmente carecen de un marco regulatorio claro.

Además, advirtieron que el esquema fiscal propuesto podría generar un doble gravamen inconstitucional, lo que permitiría a la industria tabacalera evadir impuestos mediante recursos legales

Aspectos positivos y omisiones

Las organizaciones reconocieron algunos avances en la propuesta, como el aumento del impuesto ad valorem -calculado como porcentaje del valor del producto- de 160% a 200% para cigarros y otros tabacos, así como los incrementos anuales al IEPS específico entre 2026 y 2029.

También consideraron acertado que se mantenga la política fiscal de salud impulsada desde la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, que prioriza impuestos como herramienta para reducir el consumo.

Sin embargo, calificaron como inaceptable que el proyecto no contemple aumentos al impuesto sobre bebidas alcohólicas, pese a que, según sus estimaciones, el consumo de alcohol causa alrededor de 42.000 muertes al año y genera costos sociales y sanitarios por 552.000 millones de pesos (casi 29.870 millones de dólares)

Las organizaciones exhortaron al Senado y a la Cámara de Diputados a corregir el dictamen antes de su aprobación final en el marco de la discusión del Paquete Económico 2026.

Insistieron en que una política fiscal verdaderamente efectiva debe alinear los impuestos a los estándares internacionales y cerrar los vacíos legales que podrían favorecer a la industria tabacalera o poner en riesgo la salud pública.