La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud que propone regular y prohibir la venta, distribución y uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores
La iniciativa también incluye el control de sustancias tóxicas y estupefacientes, como el fentanilo y otros precursores químicos.
La propuesta establece penas de 1 a 8 años de prisión para quienes fabriquen, distribuyan o utilicen estos dispositivos.
Además, contempla multas equivalentes a 100 a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que va de 11 mil 314 a 226 mil 280 pesos.
Riesgos para la salud y el sistema público
En su justificación, Sheinbaum señaló que los cigarrillos electrónicos y vapeadores no solo afectan la salud de quienes los usan, sino también de las personas a su alrededor.
Además, generan una carga para el sistema de salud, que debe destinar recursos humanos y económicos para atender los daños y riesgos asociados.
La presidenta citó estudios de la Secretaría de Salud que identifican los siguientes problemas de salud relacionados con estos dispositivos:
Mercado negro de vaporizadores y cigarros en ascenso
En México, el mercado negro de vaporizadores y cigarros ilegales está creciendo rápidamente, lo que preocupa a expertos y organizaciones civiles.
Esto sucede porque las políticas prohibitivas y la falta de regulación han dejado a los consumidores sin opciones claras, favoreciendo la aparición de redes clandestinas sin control.
El problema comenzó con la reforma constitucional de enero de 2025, que prohíbe el uso, venta y distribución de vaporizadores.
Activistas señalan que, en lugar de reducir el consumo, esto llevó a los usuarios al mercado negro, donde los productos no tienen garantía ni control sanitario.