Violencia estructural en México: el llamado de la Iglesia y ciudadanos

Lo que comenzó como una preocupación pastoral se ha convertido en un llamado abierto a la sociedad mexicana: el movimiento Diálogo Nacional por la Paz (DNP) convocó a comunidades religiosas, colectivos ciudadanos y familias de todo el país a sumarse el 23 de noviembre a una amplia jornada de caminatas, encuentros y conversaciones para visibilizar la crisis de violencia que, afirman, "domina grandes regiones de México"

La iniciativa surge en un contexto donde las desapariciones, la extorsión y el reclutamiento de menores impactan de forma creciente a pueblos y ciudades.

Organizaciones civiles estiman que hasta 250.000 niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser cooptados por grupos criminales, una cifra que el DNP considera inaceptable en un país que presume instituciones democráticas.

El movimiento detalló que las actividades incluirán conversatorios, convivencias juveniles, encuentros familiares y jornadas de oración tanto católicas como ecuménicas. La invitación no se limita a parroquias: el DNP busca que las plazas públicas sean espacios de memoria para las y los desaparecidos.

Pero el mensaje central va más allá del simbolismo: el movimiento insiste en que los tres niveles de gobierno deben reconocer la profundidad de las violencias estructurales y actuar frente a la inseguridad alimentada por la impunidad, la corrupción y la complicidad institucional

Siete exigencias al gobierno y catorce compromisos para la sociedad

Como parte de las actividades, el DNP difundirá un conjunto de siete líneas de acción que considera urgentes para reducir la violencia.

La primera, afirman, es desarrollar políticas de cuidados con enfoque de derechos humanos y género que permitan reconstruir la vida comunitaria y crear entornos seguros, especialmente para infancia, adolescencias y juventudes.

También destacan la necesidad de fortalecer las policías municipales, emprender una reforma profunda del sistema penitenciario, mejorar la gobernanza democrática y atender la crisis de derechos humanos que incluye a más de 133.000 personas desaparecidas, así como la violencia contra mujeres, migrantes y pueblos indígenas.

El DNP planteó que esta movilización es también un llamado directo a que las autoridades cumplan los compromisos asumidos en campaña.

Durante su primer informe, el 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la Estrategia Nacional de Seguridad, centrada en atender causas, fortalecer inteligencia y coordinar instituciones. Para el movimiento, la sociedad espera que esas promesas se traduzcan en resultados visibles