Zaldívar alerta: Ley de Amparo no debe aplicarse retroactivamente

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, hizo un llamado a los legisladores para modificar la reforma de la Ley de Amparo aprobada en el Senado y garantizar que no tenga aplicación retroactiva.

En su mensaje, Zaldívar subrayó que, aunque reconoce la buena intención de los legisladores, es necesario clarificar el texto para evitar dudas o interpretaciones que puedan afectar derechos adquiridos.

"Queremos ser muy claros, no estamos de acuerdo con ninguna violación a la Constitución ni con aplicación retroactiva", mencionó.

El funcionario recordó que la presidenta ha sido clara y contundente sobre su postura frente a la retroactividad de la ley, y enfatizó que cualquier disposición debe respetar los derechos de los ciudadanos y la seguridad jurídica de los procesos legales.

Zaldívar, también ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó que la jurisprudencia vigente establece que las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor de la reforma se regirán por las nuevas disposiciones, sin afectar procesos concluidos ni derechos adquiridos.

Sin embargo, destacó que el precepto de la reforma no tiene suficiente claridad, lo que ha generado debate, críticas y preocupaciones legítimas. Por ello, consideró necesario un ajuste que no modifique el sentido de la ley, pero que disipe cualquier duda sobre su aplicación futura.

El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia enfatizó que la Ley de Amparo es una ley procesal y que las etapas procesales ya concluidas generan derechos adquiridos, los cuales deben regirse por las normas vigentes al inicio de los procesos.

Zaldívar hizo un llamado respetuoso a los legisladores a considerar adecuaciones al artículo correspondiente, manteniendo su propósito original pero asegurando mayor claridad para evitar controversias futuras.

Con este llamado, la Presidencia busca un diálogo constructivo entre poderes, garantizando que las reformas legales respeten la Constitución y los derechos de los ciudadanos, mientras se fortalecen los procedimientos judiciales en México.