Este martes 12 de agosto, a petición de comunidades indígenas del norte de Sinaloa que mantienen su lucha contra la construcción de una planta de amoníaco en terrenos federales ubicados dentro del polígono del humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, área natural protegida, funcionarios de la Semarnat y la Profepa sostuvieron un encuentro con hombres y mujeres indígenas que se oponen al proyecto.
En dicho encuentro se contó con la presencia de Jaime Vázquez Bracho, titular de una unidad coordinación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Marcos Moreno, delegado de PROFEPA en Sinaloa quienes además de escuchar las inquietudes de las comunidades indígenas realizaron un recorrido por la zona federal en donde se realizaron rellenos y se tumbó mangle, especie protegida en la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT.
Claudia Quintero vecina de Ohuira una de las comunidades indígenas que promovieron amparos en contra del proyecto que impulsa la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) manifestó que, la visita de los funcionarios obedece a una supervisión de la zona en donde se pretende construir el proyecto tras detectar presuntas irregularidades en dichos terrenos, dado que la empresa GPO que impulsa el proyecto no ha podido comprobar la legalidad de los terrenos.
Detalló que ambas dependencias federales se comprometieron en actuar en caso de confirmar que efectivamente sí existen irregularidades en la adjudicación de los terrenos federales, así como de emitir un informe detallado de las observaciones que hicieron durante la supervisión de la zona en donde se pretende construir la planta.
"Ya se tiene un dictamen del perito de PROFEPA que dice que sí hay irregularidades en diferentes partes del predio, sí hay zona marítimo federal, entonces dependiendo de eso se va actuar pero cuándo se va actuar, cuando se resuelva el amparo que Rosendo G Castro tiene para la actuación de PROFEPA".