En Bahía de Banderas, Nayarit, una mujer, aparentemente estadounidense, fue multada con 150 mil pesos tras intentar expulsar a una familia mexicana que disfrutaba en la Playa de San Pancho, alegando que tenía una concesión para la zona donde construye una casa frente al mar
La mujer, que no contaba con los permisos necesarios para la obra, fue denunciada luego de que un video mostrara cómo pateó bebidas y agredió verbalmente a los lugareños para obligarlos a retirarse del lugar.
El presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, salió en defensa de la comunidad, enfatizando que las playas son bienes nacionales y que el acceso debe ser libre para todos.
Aseguró que el gobierno actuó de inmediato para sancionar a la extranjera y detener a los trabajadores de la construcción, quienes también enfrentaron multas administrativas.
Santana dejó claro que no se permitirá ninguna apropiación indebida del litoral por parte de particulares, extranjeros o no
Este incidente se suma a una serie de casos recientes en México donde turistas o residentes extranjeros han generado conflictos con la población local en zonas turísticas.
Por ejemplo, en Sinaloa un estadounidense corrió a un trabajador de una obra, y en Oaxaca un turista agredió a músicos locales en la playa de Zicatela.
Estas situaciones han generado preocupación en redes sociales y medios locales, donde se denuncia la creciente tensión entre visitantes extranjeros y comunidades originarias.
En respuesta a estas tensiones, vecinos de San Pancho organizaron un evento frente a la propiedad en construcción, con música y comida, como muestra de resistencia y reafirmación del derecho comunitario sobre el espacio público
La gentrificación, entendida como la transformación de zonas populares por la llegada de residentes con mayor poder adquisitivo, ha generado en muchas ciudades mexicanas un aumento en los precios de vivienda y servicios, afectando a los habitantes originales.
En destinos turísticos como Playa del Carmen, Oaxaca y la Ciudad de México, este proceso ha sido impulsado por la demanda de alojamiento para turistas, lo que ha provocado desplazamientos y conflictos sociales.
En la capital, por ejemplo, se han aprobado leyes para regular el alquiler de propiedades a corto plazo y proteger a los residentes locales.
