¿Y la autoridad? Solo ciudadanos denuncian presuntos delitos ambientales

Por: Adriana Márquez Ruiz
La Paz
Fecha: 07-08-2026

Los sobrevuelos constantes de helicópteros y el ingreso de material de construcción a la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna han sido denunciados únicamente por particulares y no por las autoridades ambientales, pese a los indicios de posibles delitos ambientales, señaló el abogado Arturo Rubio Ruiz, integrante del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida.

Ante la falta de información sobre posibles sanciones, Rubio Ruiz presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que atribuye la presunta responsabilidad moral a la Fundación Hermandad en Armonía A.C. por posibles delitos en materia ambiental y forestal, así como por la alteración de un Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) y la afectación de especies protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.


Los hechos también fueron documentados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia que informó que investigaba el hallazgo de vigas metálicas en el predio Nuestra Señora del Rosario, conocido como Segundo Valle, y sus colindancias dentro de la Reserva.

Rubio sostuvo que los vuelos de helicóptero fueron ilegales, ya que, de acuerdo con la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Baja California Sur, no existía autorización para realizarlos.

El abogado señaló que, hasta ahora, las denuncias han sido promovidas únicamente por ciudadanos y no por las autoridades ambientales, pese a que, afirmó, tienen la obligación legal de denunciar cuando existen hechos con apariencia de delito. Agregó que la Profepa les informó que no ha presentado denuncias penales debido a la falta de personal jurídico para atender este tipo de casos.

"Escuchamos justificaciones absurdas, como que no tienen abogados. Esa no puede ser la respuesta de las autoridades. Si Profepa no tiene recursos, que los solicite; si no son suficientes, que acuda al Congreso. Pero no pueden dejar de actuar porque terminan siendo un títere de los depredadores ambientales. Ya conocen el camino: impactan el ecosistema, pagan una multa que consideran parte de sus gastos y después obtienen permisos porque el daño ya está hecho", declaró.

Un conocido modus operandi

Rubio consideró que la forma de operar de la organización reproduce un esquema que, a su juicio, se ha observado en entidades como Quintana Roo, donde algunas empresas inician obras sin autorización, posteriormente pagan sanciones administrativas y, una vez consumado el impacto ambiental, obtienen los permisos para continuar con los proyectos.


La denuncia fue presentada oficialmente a finales de julio, luego de que durante varios meses no se informara sobre posibles sanciones o acciones concretas por parte de las autoridades ambientales y de procuración de justicia.



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