Comunidades indígenas reiteran oposición a planta de amoníaco en Topolobampo

Tras avance de obra, comunidades indígenas reiteran rechazo a ubicación de planta

Integrantes de comunidades indígenas de la zona norte de Sinaloa se manifestaron este sábado 30 de mayo del 2026 en el acceso al puerto de Topolobampo para reiterar su rechazo a la ubicación donde se construye la planta de amoníaco impulsada por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), proyecto que se desarrolla en el entorno de la Bahía de Ohuira, área vinculada al sistema lagunar reconocido como sitio Ramsar.

La protesta se realizó un día después del traslado de estructuras de gran tamaño desde las instalaciones de ASIPONA hacia el parque industrial Pacific City, maniobra que requirió un operativo especial de logística y seguridad, así como cierres temporales a la circulación y suspensiones programadas del servicio eléctrico en distintos sectores del puerto. De acuerdo con los manifestantes, estas acciones reflejan el avance de la construcción del proyecto, situación que ha reavivado sus preocupaciones sobre los posibles impactos ambientales y sociales en la región.

Claudia Quintero, integrante de la comunidad indígena de Ohuira y del colectivo "¡Aquí No!", cuestionó que el pasado 29 de mayo se suspendiera temporalmente el suministro de energía eléctrica en Topolobampo como parte del operativo para el traslado de una estructura de gran dimensión vinculada al proyecto. Según denunció, la interrupción del servicio habría ocasionado afectaciones a cooperativas pesqueras y establecimientos comerciales del puerto que dependían de la electricidad para sus actividades.

Comunidades indígenas no se oponen al proyecto si no al lugar donde se construye la planta de amoníaco

"No es el lugar idóneo. La bahía no va a soportar; la bahía no es para la petroquímica, la bahía es pesca, es esparcimiento, es cultura. No es el lugar. Una bahía de menos de cinco metros de profundidad no va a soportar que grandes turbinas jalen más de 2 mil metros cúbicos por minuto y la regresen caliente al mar. Esa turbina que llegó va a trabajar a más de 300 grados centígrados; imagínate la capacidad que va a tener para calentar esa poquita agua que hay en la bahía", señaló.

Claudia Quintero, expresó su preocupación por los posibles efectos que, a su juicio, podría generar la operación de la planta de amoníaco, no solo en la actividad pesquera, sino también en la salud de la población. La activista sostuvo que el proyecto representa un riesgo para las comunidades ubicadas en su área de influencia y señaló que, en caso de una eventual fuga de amoníaco, las autoridades enfrentarían dificultades para evacuar oportunamente a los habitantes de Los Mochis, Topolobampo y las localidades cercanas a la instalación.

Importancia del proyecto de la planta de amoníaco en Topolobampo

El proyecto es desarrollado por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), empresa mexicana que forma parte del grupo internacional Proman, corporación con sede en Suiza especializada en la producción de amoníaco, metanol y fertilizantes.

Se trata de uno de los proyectos petroquímicos privados de mayor inversión en México y que sus promotores lo consideran la planta de amoníaco comercial más grande de América Latina.

De acuerdo con el proyecto, la primera etapa, correspondiente a la planta de amoníaco, contempla una inversión de 1,631 millones de dólares. De acuerdo con el Gobierno de Sinaloa, las siguientes etapas, que incluyen plantas de metanol y urea, elevarían la inversión total del complejo petroquímico a más de 5,600 millones de dólares.

La empresa reporta que durante la construcción se generarán alrededor de 3,000 empleos. Durante su fase de operación, la planta de amoníaco de Proman GPO en Topolobampo generará aproximadamente 450 empleos directos e indirectos.

Situación jurídica del proyecto 

La planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo mantiene vigentes sus principales autorizaciones federales y continúa en construcción. La consulta indígena ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue validada por un juzgado federal en 2023; sin embargo, persisten controversias legales y sociales impulsadas por comunidades indígenas y organizaciones civiles que cuestionan los posibles impactos ambientales y el desarrollo del proyecto. Hasta mayo de 2026, no existe una resolución judicial firme que haya ordenado la cancelación definitiva de la obra.