En la Costa de Oaxaca, una Comisión de Observancia de Derechos Humanos visitó el 12 y 13 de julio de 2025 municipios como San Pedro Pochutla y Santa María Huatulco para documentar, investigar y ser testigos de los despojos de tierras a comunidades indígenas . Estas agresiones responden al avance de proyectos turísticos e inmobiliarios que, con la complicidad de funcionarios municipales, estatales y ejidales, buscan privatizar playas y territorios comunales bajo el argumento de "desarrollo".
Las comunidades exigen a la Fiscalía General de Oaxaca y a las autoridades de los tres órdenes de gobierno el seguimiento inmediato de las denuncias contra los señalados y la emisión de medidas cautelares que garanticen la vida, integridad y posesión de sus tierras. Asimismo, reclaman justicia por los defensores de los territorios playeros: Ernesto Chávez Ramos, Oralia Ramírez, Hortensia Chávez y Noé López Rojas, contra quienes se tramitaron acusaciones fabricadas.
Pero esto no es nuevo este año, desde marzo en el Encuentro en Defensa de las Playas, Manglares, Espacios Rituales, Agua y Territorios Ancestrales, ciudadanas y ciudadanos de 25 comunidades, 33 organizaciones y poco más de 250 personas provenientes de diversas geografías, se unieron con el propósito de visibilizar los conflictos derivados de la invasión.
Hasta ahora la Comisión ha identificado al menos 10 predios en disputa; con cuatro predios principales; Salchi, San Agustín, El Coyote y El Coyul. Entre los más conflictivos destacan El Coyul, con 1 554 hectáreas de playas y manglares en disputa, y Playa Salchi-Cuatunalco. aunque no existe todavía una medición oficial de la superficie afectada; las propias organizaciones comunitarias estiman que podría tratarse de varias decenas de hectáreas de costa en riesgo, en un litoral donde el boom inmobiliario ya ha transformado ecosistemas protegidos.
La defensa de estas tierras ha cobrado vidas: en febrero fue asesinado el ambientalista Cristino Castro en Barra de la Cruz sin que haya justicia, al menos 11 defensores de la Costa fueron víctimas de homicidio, mientras otros sufren amenazas y criminalización. Con al menos 58 defensores asesinados en Oaxaca desde 2018, las comunidades insisten en que, sin medidas efectivas de protección y justicia agraria, el despojo y la violencia continuarán.