Impulsan proyecto de ley que protegería a indocumentados

Congresistas estadounidenses, encabezados por las representantes María Elvira Salazar del partido Republicano (Florida) y Verónica Escobar del demócrata (Texas), presentaron hoy en el Capitolio un ambicioso proyecto bipartidista conocido como Ley Dignidad. Esta iniciativa busca ofrecer protección temporal y permisos laborales a inmigrantes sin estatus legal que ingresaron a Estados Unidos antes del 1 de enero de 2021.

¿Qué propone la Ley Dignidad?

Estatus legal y permiso de trabajo por hasta siete años para indocumentados con al menos cinco años de residencia en Estados Unidos., que no tengan antecedentes penales y que paguen una multa de unos 7 mil dólares.

El estatus será renovable, sujeto a buena conducta y cumplimiento de requisitos como revisiones de antecedentes y reportes periódicos al Departamento de Seguridad Nacional 

No incluye ruta a la ciudadanía ni acceso a beneficios federales, aunque los beneficiarios de DACA tendrían una vía preferencial hacia la residencia permanente. 

La propuesta también contempla:

• Fortalecimiento de la seguridad en la frontera, incluyendo centros humanitarios.
• Reformas para agilizar el proceso de asilo y restricción de liberaciones durante el trámite.
• Implementación obligatoria de E-Verify en todas las contrataciones.

Reacciones y contexto político

Salazar calificó la iniciativa como "revolucionaria", destacando su enfoque multipropósito: consolidación fronteriza, freno a la inmigración ilegal y protección a inmigrantes de larga data. 

Escobar la describió como "realista y sensata", instando al Congreso a avanzar pronto por el bien de las comunidades afectadas. 

El apoyo bipartidista es visible, aunque el proyecto enfrenta resistencia de sectores republicanos conservadores preocupados por la legalización de indocumentados y también de algunos demócratas, que alertan que la ausencia de camino a la ciudadanía limita derechos fundamentales. 

El proyecto llega en un contexto de creciente debate migratorio: tras años sin reformas integrales y el endurecimiento de políticas migratorias bajo Trump que llegó a cancelar el  Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países crece el clamor por soluciones humanitarias y prácticas. 

Para los defensores de la reforma, la Ley Dignidad representa una oportunidad realista que atiende tanto las preocupaciones de seguridad como las aspiraciones de regularización de millones de personas que hoy viven en condición de indocumentados.

El principal desafío ahora será convencer al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de someterla a debate en sesión plenaria, así como lograr el respaldo suficiente en ambas cámaras. Su futuro depende del equilibrio entre la voluntad bipartidista y la presión de distintos sectores políticos.

Este proyecto es una de las mayores propuestas migratorias en años: con protecciones temporales, permisos de trabajo y condiciones claras para los indocumentados que llegaron antes de 2021, marca un giro significativo en el debate nacional.