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Delitos cibernéticos, bajo la lupa


El incremento de delitos cibernéticos se posiciona como una de las amenazas más graves para la seguridad nacional y la estabilidad económica de México, con un impacto particularmente en estados como Veracruz.

Las estadísticas proyectadas para mediados de 2025 revelan un alarmante incremento en la incidencia de estos crímenes en más de un 25 por ciento.


Expertos en seguridad cibernética estiman que este aumento se debe a la digitalización de la vida cotidiana y empresarial, además del avance tecnológico de los atacantes y, en ocasiones, la falta de concienciación y medidas preventivas adecuadas por parte de los usuarios.


"Sigue habiendo muchos ciberdelincuentes que utilizan ingeniería social o técnicas para obtener datos, te llega un correo electrónico has esta compra o has este pago en línea, dale click aquí y tendrás el 50 por ciento de descuento y mucha gente cae", expuso Eduardo Zepeda, especialista en Ciberseguridad.

Veracruz es considerado como uno de los estados con mayor índice de ciberdelitos. Si bien no se tienen cifras exactas para 2025, las proyecciones indican que el territorio veracruzano se mantiene dentro de los cinco estados con mayor incidencia de fraudes en esta modalidad.


"Uno de cada dos ataques va dirigido a México por distintas razones, porque ciertamente somos un país muy grande, porque nuestra dimensión es tremenda, porque también un grado de vulnerabilidad", comentó  Laura Liset Enriquez Rodríguez, presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX).

La diversidad de actividades económicas en la entidad, desde el sector portuario hasta el turístico y agroindustrial, lo convierte en el blanco para diversas modalidades de ciberataques.

Ante la problemática, el Gobierno Federal ha anunciado un reforzamiento de su estrategia para combatir la ciberdelincuencia, con el uso de inteligencia.


Esta iniciativa contempla la inversión en tecnologías en coordinación con los estados, a fin de que las 32 entidades cuenten con lo necesario para abatir este ilícito, además de detectar con mayor facilidad el lavado de dinero..

"Realizar auditorías en entidades de riesgo alto,implementar sistemas de monitoreo y gestionar reportes electrónicos de operaciones sospechosas, incluyendo aquellas no concluidas", destacó  Javier Corral Jurado, senador del PAN.



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