Aumento a refrescos y aguas endulzadas busca frenar enfermedades

El pasado 8 de septiembre, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2026, que incluye una Miscelánea Fiscal con ajustes a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb), este cambio provocará un aumento de entre 10% y 15% en los precios al consumidor, lo que impactará directamente en la economía de los hogares mexicanos. Por ejemplo, un refresco que actualmente cuesta 20 pesos podría aumentar hasta 23 pesos tras la aplicación del nuevo gravamen.

La propuesta establece que el impuesto pasará de 1.6451 pesos a 3.0818 pesos por litro, y aplicará no solo a refrescos, sino también a aguas minerales con azúcares añadidos o edulcorantes no calóricos, como sacarosa, fructosa o fenilalanina.

Según la Secretaría de Salud, el objetivo de este aumento no es recaudar dinero, sino incentivar la reducción del consumo de bebidas azucaradas. La Presidenta Claudia Sheinbaum declaró durante "La Mañanera": "Lo que queremos es que disminuya el consumo de las bebidas azucaradas. [...] Repito: con dos refrescos menos que se tomen al mes, [...] con eso no afecta el bolsillo y eso es lo que queremos".

La mandataria explicó que, en caso de que se recaude más de lo previsto, los recursos excedentes se destinarán directamente a la Secretaría de Salud para atender enfermedades vinculadas al consumo excesivo de estas bebidas. Esto incluye la diabetes, hipertensión y enfermedades renales que requieren tratamientos costosos como la hemodiálisis.

Sheinbaum detalló que este fondo se utilizará para implementar estrategias de prevención y atención, buscando mejorar la salud de la población y disminuir los costos que enfrentan los pacientes por estas enfermedades. "La Secretaría de Salud manejará ese fondo con toda transparencia", aseguró.

Con esta medida, el gobierno busca equilibrar la protección de la salud pública con el impacto económico en los hogares, incentivando hábitos más saludables sin afectar de manera significativa el presupuesto familiar. Se espera que el ajuste entre en vigor a partir de 2026, una vez aprobado por el Congreso.