Estados Unidos elimina apoyo educativo para inmigrantes indocumentados

El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció este jueves la eliminación de una norma vigente desde 1997 que permitía a inmigrantes indocumentados acceder a fondos públicos para programas de educación técnica, profesional y para adultos.

Esta regla fue establecida durante la administración del presidente Bill Clinton.

El Gobierno de Donald Trump justificó la revocación argumentando que la normativa violaba la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo (PRWORA). Según esta ley, los recursos federales deben destinarse exclusivamente a beneficiar a ciudadanos estadounidenses.

Linda McMahon, secretaria de Educación, afirmó que los programas financiados con fondos federales deben beneficiar solo a ciudadanos y no a personas en situación migratoria irregular. En su comunicado, McMahon enfatizó que bajo el liderazgo del presidente Trump, los trabajadores estadounidenses ya no financiarán la educación técnica o profesional de inmigrantes indocumentados.

Esta decisión impacta a miles de personas que se encontraban inscritas en cursos para mejorar sus habilidades laborales o continuar su educación a nivel técnico y profesional. Los programas afectados incluyen desde talleres para adultos hasta formación especializada en diversas áreas.

Para muchos inmigrantes indocumentados, estos programas representaban una oportunidad para integrarse mejor al mercado laboral y acceder a mejores condiciones de trabajo. La eliminación del acceso a estos fondos podría limitar sus opciones de desarrollo y empleo.

Por otro lado, la medida es vista por algunos sectores como un paso para priorizar los recursos públicos para los ciudadanos estadounidenses, alineándose con la política migratoria restrictiva que ha caracterizado a la administración Trump.

La polémica decisión abre un debate sobre los derechos de los inmigrantes y el uso de recursos públicos para su apoyo educativo. Mientras el Gobierno defiende su postura con base en la ley, activistas y organizaciones proinmigrantes advierten sobre las consecuencias sociales y económicas que esta medida podría generar.