INE no cancelará candidaturas judiciales sin evidencia contundente
En medio del proceso para elegir a quienes ocuparán cargos judiciales clave en México, surgió una controversia que puso en la mira al Instituto Nacional Electoral (INE)
Algunos legisladores pidieron que el Instituto cancelara 26 candidaturas porque, según ellos, varias personas en la lista no cumplían con los requisitos académicos o estaban relacionadas con investigaciones penales. Pero el INE fue claro: no puede hacerlo, ni le corresponde.
La solicitud vino directamente de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, quienes señalaron que ocho personas no alcanzaron el promedio mínimo en su carrera universitaria, y otras 18 supuestamente no tienen "buena reputación" por aparecer en investigaciones judiciales activas.
A pesar de esto, el INE respondió por unanimidad que no puede intervenir en este momento, porque no tiene facultades legales para cancelar candidaturas por esas razones.
¿Entonces quién debería haberlo hecho? Según explicaron varias consejeras y consejeros del INE, esa responsabilidad era de los comités de evaluación encargados de revisar los perfiles antes de enviar las propuestas.
El filtro ya pasó y el INE solo recibió una lista final, sin margen para hacer correcciones de última hora
Aun así, el INE no se deslinda por completo. Aunque ahora no puede vetar ninguna candidatura, sí revisará los casos una vez que termine la elección, especialmente si hay pruebas firmes de que alguien incumple con los requisitos legales.
Esta revisión será clave antes de entregar las constancias de mayoría, que confirman oficialmente quién ganó.
Entre los puntos que sí tomará en cuenta el INE en esa etapa están los llamados criterios de "8 de 8 contra la violencia", que impiden que alguien con antecedentes por violencia de género, deudores alimentarios o personas prófugas puedan ejercer cargos públicos.
Los consejeros también defendieron la neutralidad del Instituto: aseguraron que no pueden tomar decisiones que alteren las preferencias del electorado, ni favorecer o perjudicar a ninguna candidatura. Hacerlo ahora, dijeron, sería meterse en terrenos que no les tocan y podría poner en duda la imparcialidad del proceso.
El INE no va a corregir errores que no le corresponden, pero sí va a vigilar que se cumpla la ley al pie de la letra en la etapa final
