La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcó un antes y un después en el conflicto legal que rodea la reforma al Poder Judicial
Este jueves, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación su sentencia, comenzó a correr un plazo de 24 horas para que jueces federales del país revisen y, en su caso, revoquen las suspensiones que habían concedido en contra del proceso electoral vinculado a dicha reforma.
La Corte dejó en claro que los jueces de distrito no tienen atribuciones para detener la instrumentación electoral de una reforma aprobada por el Congreso, y que cualquier medida cautelar debe ajustarse a los límites establecidos por la ley.
Además, el máximo tribunal del país precisó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tiene facultades para anular o modificar suspensiones emitidas en juicios de amparo.
De acuerdo con la sentencia, las resoluciones emitidas por la Sala Superior del TEPJF en esta materia no tienen carácter vinculante, sino que deben entenderse simplemente como posturas colegiadas sin peso legal sobre las decisiones de los jueces de amparo
En palabras del propio fallo, estas sentencias son "opiniones" que no pueden sustituir ni modificar los efectos de una suspensión otorgada por un tribunal competente.
La decisión de la Corte responde a una serie de consultas hechas por jueces y magistrados respecto a los alcances del TEPJF frente a los juicios de amparo promovidos por ciudadanos que buscan frenar los efectos de la reforma judicial.
En respuesta, la SCJN reiteró que solo los tribunales de circuito o el propio Pleno de la Corte están facultados para revocar medidas cautelares relacionadas con la reforma, y no una instancia electoral que carece de jurisdicción en materia de amparo.
Como sustento legal, el fallo cita los artículos 139 y 154 de la Ley de Amparo, que regulan las suspensiones provisionales y definitivas
También se indica que las nuevas decisiones deberán atender lo resuelto previamente por la Corte en la Acción de Inconstitucionalidad 164/2024, que abordó los aspectos legales de las normas que integran la reforma judicial.
En una sentencia con tono reflexivo, la Corte advirtió sobre los riesgos de permitir que autoridades actúen fuera del marco legal.
Subrayó que la amenaza más peligrosa para el sistema constitucional no proviene de ataques directos, sino del desgaste interno provocado por quienes tienen la responsabilidad de protegerlo.
