Jueces del Poder Judicial de la Federación presentaron una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), piden que resuelvan las denuncias presentadas contra la reforma judicial, publicada el 15 de septiembre de 2024, impulsada por la anterior administración.
La petición asegura que los juzgadores fueron "directamente afectados" por la reforma judicial, por lo que instaron a la CIDH a responder a las denuncias y tomar medidas para proteger los derechos humanos y emitir las reparaciones correspondientes.
También se detalla que dicha reforma vulnera los principios de independencia judicial, igualdad y no discriminación, afectando también la participación de las mujeres en el Poder Judicial.
El documento también cita ejemplos de momentos en que altos funcionarios del Gobierno de México acusaron públicamente a las y los juzgadores de corrupción y nepotismo sin pruebas ni debido proceso, afectando su honra y socavando la confianza pública en el Poder Judicial.
Los impartidores de justicia aseguran que esta reforma, bajo la apariencia de neutralidad, constituye en realidad un mecanismo de politización y captura de la judicatura".
El Cyrus R. Vance Center for International Justice, un programa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, presentó la petición en representación de los juzgadores federales mexicanos.
Se indicó que la petición a la CIDH es clara al señalar que no tiene como fin derogar ni revertir los efectos de la reforma judicial, que ya estarán en vigor en el momento en que la Comisión emita cualquier decisión. sino que se busca que las personas afectadas obtengan "la reparación integral por la violación de sus derechos humanos", además de contribuir al fortalecimiento de los estándares de independencia judicial dentro del Sistema Interamericano para casos futuros.
"Esta petición ofrece una oportunidad para que el Sistema Interamericano aborde las alegadas violaciones de la independencia judicial en México y cuestiones más amplias relativas a los procesos de reforma judicial en la región", dijo Jaime Chávez Alor, director ejecutivo Adjunto del Vance Center.
"Los Estados deben ser capaces de garantizar que sus estructuras y procedimientos judiciales evolucionen según sea necesario, sin embargo, estos cambios no deben violar los derechos humanos".
María Emilia Molina, una de las demandantes y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras dijo que "aunque es demasiado tarde para deshacer muchos de los cambios perjudiciales que ha traído consigo este proceso de reforma politizado, no es demasiado tarde para reparar esos daños".
"Esperamos que esta petición reconozca los daños sufridos por las y los colegas importadores de justicia, y ofrezca orientación para ayudar a los sistemas de justicia de otros países a evitar el mismo destino", mencionó.
Las elecciones judiciales se realizarán el domingo 1 de junio, donde los votantes elegirán por primera vez 881 cargos de entre tres mil 422 candidatos, que incluyen la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.
Las campañas, que comenzaron el pasado 30 de marzo y terminarán el 28 de mayo. Hay alerta de la oposición, organismos internacionales como la ONU, actuales jueces y asociaciones civiles de una posible intromisión del Poder Ejecutivo y del crimen organizado en los comicios.