Otro golpe para migrantes: sin papeles, sin oportunidades

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha implementado nuevas directrices para asegurar que únicamente las personas con autorización legal puedan acceder a los programas de desarrollo laboral financiados con recursos públicos

Esta medida busca proteger los empleos bien remunerados para los trabajadores estadounidenses y garantizar que los fondos destinados a fortalecer la fuerza laboral se utilicen correctamente.

Estas disposiciones forman parte de la ejecución de la orden presidencial 14218, emitida por el presidente Donald Trump, y reemplazan las políticas vigentes durante la administración anterior de Joe Biden.

Según el Departamento de Trabajo, las reglas anteriores promovían indirectamente la participación de inmigrantes sin documentación en programas laborales, lo que contravenía el objetivo de priorizar a los ciudadanos y residentes legales en el mercado de trabajo.

Bajo las nuevas normas, todos los beneficiarios de programas relacionados con la Ley de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Laboral deben contar con una autorización válida para trabajar antes de poder participar en cualquier servicio o actividad.

Esto implica que las agencias y empleadores involucrados deben verificar y mantener registros actualizados que acrediten la legalidad del estatus laboral de cada participante

Lori Chavez-DeRemer, secretaria de Trabajo, destacó que estas medidas refuerzan el compromiso del gobierno con el cumplimiento de la ley y la seguridad fronteriza, además de proteger a los trabajadores estadounidenses.

En sus palabras, la fuerza laboral nacional es más sólida bajo esta administración, que pone énfasis en respetar las normas migratorias y en asegurar que los recursos públicos se dirijan a quienes están autorizados para trabajar en el país.

Además, el Departamento subrayó que la actualización de políticas y procedimientos facilitará a los empleadores confiar en el sistema laboral, garantizando que los trabajadores contratados no solo tengan las habilidades necesarias, sino también la documentación legal requerida.

Esto contribuye a un mercado laboral más transparente y a un uso más eficiente de los fondos públicos destinados a la capacitación y empleo, de acuerdo a lo expresado