Por ahora, la ley que amenaza inmigrantes está bloqueada
CDMX
Fecha: 09-07-2025
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió mantener, de manera provisional, la suspensión de la ley SB 4-C de Florida, una de las normativas más estrictas del país contra los inmigrantes indocumentados
Esta legislación, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, criminaliza la entrada y reingreso de personas sin estatus migratorio regular al estado, estableciendo penas de prisión y prohibiendo la libertad bajo fianza para quienes sean detenidos bajo esta ley.
La ley SB 4-C considera delito menor de primer grado que un adulto indocumentado ingrese a Florida sin pasar por la inspección migratoria federal, con una condena mínima de nueve meses de cárcel.
En caso de reincidencia, el delito se eleva a felonía de tercer grado, con penas que pueden alcanzar hasta dos años de prisión. Además, penaliza con felonía el reingreso después de una deportación o expulsión, con sentencias que varían entre uno y cinco años según los antecedentes del acusado.
La ley también incluye una cláusula polémica que contempla la pena de muerte para inmigrantes indocumentados declarados culpables de delitos capitales como asesinato premeditado, tráfico de drogas a gran escala o secuestro agravado
Una de las características más controvertidas de la SB 4-C es que obliga a las autoridades a mantener en prisión preventiva a los acusados sin considerar circunstancias particulares ni ofrecer alternativas a la cárcel, además de notificar obligatoriamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre los arrestos.
Esto ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos civiles y comunidades migrantes, que advierten que la ley puede aumentar la discriminación racial, violar derechos fundamentales y erosionar la confianza entre la policía y la población inmigrante, lo que a su vez perjudica la seguridad pública.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, solicitó a la Corte Suprema revocar el bloqueo judicial impuesto por una jueza federal, Kathleen M. Williams, quien declaró que la ley es probablemente inconstitucional y ordenó suspender temporalmente su aplicación. Williams incluso declaró al fiscal en desacato por incumplir su orden.
La Corte Suprema, sin emitir un fallo definitivo sobre el fondo del asunto, rechazó la petición de Uthmeier y mantuvo la suspensión, extendiendo así una serie de derrotas judiciales para esta y otras leyes similares en estados como Texas, Oklahoma, Idaho e Iowa
