Sin refrigeración, ni permisos: el horror en crematorio Plenitud
El 30 de junio de 2025, Meganoticas dio a conocer que la Fiscalía de Chihuahua reveló el hallazgo de 383 cuerpos embalsamados acumulados en un inmueble que operaba como crematorio en la colonia Granjas Polo Gamboa, en Ciudad Juárez
La noticia conmocionó a la comunidad y puso en evidencia graves fallas en la supervisión de los servicios funerarios en la región. La investigación se inició tras reportes de vecinos que alertaron sobre olores desagradables y la presencia de un cadáver en una carroza fúnebre estacionada frente al edificio.
La policía municipal recibió el aviso el 26 de junio, y en los días siguientes se confirmó la magnitud del caso. Las autoridades señalaron que algunos cuerpos podrían llevar almacenados desde 2020, a pesar de que los familiares habían pagado por su cremación.
El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, calificó la situación como un acto de negligencia criminal y explicó que la empresa responsable, identificada como "Plenitud", presuntamente cobraba por servicios que nunca realizaba, entregando cenizas falsas a los deudos.
Por estos hechos, se iniciaron investigaciones por fraude, manejo indebido de cadáveres, incumplimiento de contratos y violaciones a normas sanitarias
En respuesta a estos hechos, fueron detenidos José Luis N. y Facundo N., presuntos responsables del crematorio, así como un trabajador del lugar. El inmueble, una casa de cinco o seis habitaciones sin refrigeración adecuada, presentaba condiciones insalubres: algunos cuerpos estaban apilados en muebles o directamente en el suelo.
Se estima que el horno crematorio era insuficiente para procesar tal cantidad de cuerpos, lo que llevó a su acumulación durante años.
Hasta el momento, 288 cuerpos han sido sometidos a análisis forense, mientras que el resto continúa en revisión. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se sumó a la investigación para determinar posibles sanciones, multas o incluso la revocación de permisos.
Por ahora, no se han encontrado indicios de participación del crimen organizado; la principal causa parece ser la incapacidad operativa y la falta de control sobre el crematorio.
De los cuerpos recuperados, 218 corresponden a hombres, 149 a mujeres y 16 no han podido ser identificados por su estado. Solo 15 han sido reconocidos hasta el momento, algunos gracias a etiquetas hospitalarias o números de seguridad social
Entre las víctimas hay menores de edad, incluidos dos bebés recién nacidos, lo que ha generado indignación y cuestionamientos sobre la vigilancia de estos establecimientos.
Familiares de personas desaparecidas han exigido respuestas y mayor transparencia, ante la posibilidad de que sus seres queridos se encuentren entre los restos. El fiscal general sostuvo un encuentro con ellos para escuchar sus inquietudes y reiteró el compromiso de esclarecer el caso.
Por su parte, Javier Sánchez Herrera, director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, detalló que parte de los cuerpos provenían de hospitales, lo que podría facilitar su identificación.
En cuanto a las sanciones administrativas, Luis Tarín, titular de la Cofepris, indicó que aún no se ha determinado qué tipo de castigos se impondrán, ya que la investigación sigue en curso y cualquier decisión dependerá de los resultados que arroje.
Este caso ha reavivado el debate sobre la regulación y vigilancia de los servicios funerarios en México, así como la necesidad de proteger a las familias de posibles abusos y negligencias en momentos de duelo
