Comunidades indígenas rechazan planta de amoníaco en sitio ramsar

Por: Karla Beltrán
Los Mochis
Fecha: 01-06-2026


Comunidades indígenas mayo-yoreme de la zona norte de Sinaloa volvieron a manifestarse este sábado 30 de mayo en el acceso al puerto de Topolobampo para rechazar la construcción de la planta de amoníaco más grande de América Latina con una capacidad de producción de 2220 toneladas métricas al día cuando esté terminada, una obra de 5 mil millones de dólares que avanza dentro de un humedal de importancia mundial, donde la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO)empresa mexicana que forma parte del grupo internacional Proman, corporación con sede en Suiza especializada en la producción de amoníaco, metanol y fertilizantes, proyecta iniciar producción en 2027, mientras que las comunidades afirman está destruyendo su bahía, su pesca y su cultura.

La protesta se realizó un día después de que estructuras de gran tamaño fueran trasladadas desde las instalaciones de ASIPONA hacia el parque industrial Pacific City. El operativo requirió cierres de circulación y cortes programados de energía eléctrica que, según los manifestantes, afectaron cooperativas pesqueras y comercios del puerto.

"Ayer nos impactó ver esa maquinaria que llegó. Una turbina que va a trabajar a más de 300 grados centígrados, imagínate la capacidad que va a tener para calentar esa poquita agua que hay en la bahía."


¿Dónde se construye la planta de amoníaco?

La planta se construye en el entorno de la Bahía de Ohuira, dentro del Sistema Lagunar Santa María-Topolobampo-Ohuira, declarado Sitio Ramsar: humedal de importancia internacional. Forman parte de las Islas del Golfo de California, Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

Un perito técnico independiente documentó la destrucción de aproximadamente 28 hectáreas de manglar y el desecamiento de zonas inundables. Los especialistas alertan que, en caso de fuga, el amoníaco, sustancia altamente tóxica, tendría consecuencias fatales para la región.

Diez años de resistencia legal

El conflicto tiene una década. La construcción inició en 2014 sin consulta indígena previa. En 2022, la Suprema Corte revocó los permisos y ordenó consultar a las comunidades. El resultado fue dividido: ocho comunidades votaron a favor, pero las cuatro más cercanas a la planta lo rechazaron. En agosto de 2024, un juez federal declaró superada la consulta y la empresa reanudó obras. La semana pasada, un juzgado en Los Mochis desechó el amparo de la comunidad de Paredones, que anunció llevar el caso a instancias superiores.

 La postura del gobierno federal

El 25 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el proyecto al señalar que cuenta con Manifestación de Impacto Ambiental autorizada y con una consulta cuyo resultado fue favorable. Sin embargo, reconoció que la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, tiene pendiente visitar personalmente las comunidades para escuchar sus demandas.

"Yo me comprometí a que fuera Alicia y tiene que ir. Si no ha ido, tiene que ir y hablar con las comunidades. Pero no se puede plantear una idea de que el gobierno está contra las comunidades y nunca se les ha tomado en cuenta", señaló la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera del pasado 25 de mayo.

Inversión millonaria y empleos 

Mientras la empresa prevé iniciar operaciones en 2027 y destaca una inversión total de 5 mil 600 millones de dólares, la generación de más de 3 mil empleos durante la construcción y 450 puestos permanentes en la etapa operativa, las comunidades indígenas de Ohuira sostienen que el costo ambiental recaerá sobre la bahía. Un ecosistema que, afirman, representa su sustento, identidad y patrimonio, y que, aseguran, no está en venta.

"La bahía no es para la petroquímica, la bahía es pesca, no es el lugar correcto, no va a soportar que grandes turbinas jalen más de mil metros cúbicos por minuto y la regresen caliente al mar, es tan de baja profundidad la bahía que no va a soportar, desde ahí te digo porqué nos oponemos a la planta, no nos oponemos al proyecto, es el lugar, no es el lugar correcto", expresó Claudia Quintero mujer indígena de la comunidad indígena Ohuira que se opone al proyecto. 




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