Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, respectivamente, han solicitado formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de los registros de 26 candidaturas para cargos judiciales, al considerar que muchos de los postulantes no cumplen con los requisitos constitucionales de idoneidad y buena reputación.
Esta acción surge a raíz de la existencia de investigaciones penales federales en curso contra varios de los candidatos, algunos de los cuales están vinculados con delitos graves, como abuso sexual, peculado, amenazas y delincuencia organizada.
De acuerdo con los legisladores, 18 de los candidatos impugnados están relacionados con investigaciones penales federales vigentes. Entre los casos más destacados se encuentran los de Fernando Escamilla Villarreal, juez de Distrito en Materia Penal, acusado de ser defensor de personas vinculadas con el crimen organizado, y Jesús Humberto Padilla Briones, juez Administrativo Federal de Nuevo León, quien fue puesto a disposición por delitos relacionados con armas y narcotráfico.
Además, otros candidatos, como Diana Monserrat Partida y Francisco Herrera Franco, enfrentan señalamientos de liberar a imputados por delincuencia organizada o de tener vínculos con grupos del crimen.
Asimismo, ocho de los candidatos impugnados no cumplen con el requisito académico mínimo establecido para acceder a los cargos judiciales. Los legisladores señalan que el promedio de calificación de estos aspirantes en licenciatura varía entre 7.0 y 7.93, una cifra inferior al mínimo de 8.0 requerido por las bases legales del proceso. Este incumplimiento de las normativas académicas, según Gutiérrez Luna, afecta directamente la idoneidad de los postulantes y pone en duda su capacidad para impartir justicia.
En su solicitud de cancelación, los legisladores enfatizan que la elección por voto popular no exime de cumplir con los requisitos éticos y constitucionales para acceder a cargos en el Poder Judicial.
Gutiérrez Luna insistió en que la idoneidad no es solo una cuestión legal, sino un imperativo ético que debe garantizar la legitimidad de las instituciones judiciales. "Es fundamental preservar la integridad y la confianza pública en quienes serán responsables de impartir justicia en México", subrayó.
La impugnación presentada también menciona que algunos de los candidatos han actuado como defensores de individuos vinculados con el crimen organizado, lo que podría comprometer su imparcialidad y representar un claro conflicto de interés. En este sentido, los legisladores consideran que es crucial que el INE proceda a la cancelación de los registros para salvaguardar la imparcialidad del proceso judicial.
Entre los nombres que figuran en la impugnación están también Francisco Martín Hernández Zaragoza, magistrado del Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, imputado por abuso sexual, y Andrés Montoya García, magistrado del Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, señalado por desaparición forzada de personas en agravio de un periodista. Además de estos casos, se menciona que otros 18 candidatos están siendo investigados por la justicia federal.
Los legisladores concluyeron su intervención solicitando al INE que se actúe con celeridad en la revisión de los registros de los candidatos, para evitar que el proceso judicial en el país sea permeado por posibles vínculos con actividades ilícitas.