La iniciativa para reformar la Ley de Transparencia en Baja California Sur no debe limitarse a una reestructuración administrativa ni centrarse en criterios presupuestales, sino que debe garantizar sanciones ejemplares para los servidores públicos que incumplan con su deber de rendir cuentas a la ciudadanía. Así lo afirmó Sergio Villarreal , integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Durante su participación en foros recientes sobre la materia, expuso que actualmente no existe una sola sanción contundente para quienes omiten o manipulan la información pública, lo cual ha derivado en respuestas tardías, imprecisas y sin valor real para los ciudadanos. "Los entes públicos responden por cumplir, no por informar", señaló.
El representante ciudadano advirtió que mientras no haya consecuencias claras y aplicables para quienes incumplen con las obligaciones de transparencia, cualquier reforma será meramente decorativa. "La nueva ley debe incluir sanciones que realmente se apliquen, que sean ejemplares, porque la omisión se ha vuelto una práctica común y sin castigo", puntualizó.
Además, alertó sobre la inclusión del artículo 158 de la Constitución estatal ,relativo al fuero de los servidores públicos,dentro del proyecto de reforma, algo que calificó como improcedente. "Ese artículo debe discutirse aparte, no tiene lugar dentro de una ley que busca fortalecer la transparencia", dijo.
De cara al próximo periodo legislativo, en el que se discutirá esta reforma, el Comité de Participación Ciudadana subraya la necesidad de que el nuevo modelo, ya sea como coordinación o procuraduría, garantice no solo el acceso ágil a la información, sino también un sistema de consecuencias claras para quienes obstaculicen el derecho ciudadano a saber.
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