Infancias rotas: hijos de mujeres asesinadas sobreviven al abandono

Cuando una mujer es asesinada, no solo se pierde una vida: se rompe una familia y se deja a niñas y niños enfrentando un vacío que no podrán llenar. En Durango, cada feminicidio tiene efectos que van más allá de las estadísticas. Deja huérfanos que, además del duelo, enfrentan abandono institucional.

En lo que va de 2024, en Durango se han registrado al menos 20 asesinatos de mujeres, de los cuales 14 fueron tipificados como feminicidios. En varios de estos casos, las víctimas eran madres. El Instituto Estatal de la Mujer (IEM) ha documentado al menos 10 niñas y niños huérfanos, de entre 5 y 10 años, que ahora viven con abuelas, tías u otros familiares. Ninguno recibe apoyo estatal específico, más allá de redes familiares precarias.

A nivel nacional, entre 2021 y 2023 se identificaron más de 1,000 menores huérfanos por feminicidio. Sin embargo, solo tres de cada diez han recibido alguna forma de atención institucional. La mayoría enfrenta una infancia marcada por la pérdida, la inestabilidad y la falta de recursos.

En Durango no existe una ley llamada formalmente "Ley Monzón", pero se han aprobado reformas que permiten retirar la patria potestad a padres procesados o sentenciados por feminicidio, tentativa o desaparición de la madre. No obstante, estas medidas aún no están acompañadas por políticas públicas de seguimiento o protección específica a los menores.

La ausencia de mecanismos claros y recursos dirigidos deja en evidencia una omisión. Las infancias afectadas por feminicidio no solo pierden a sus madres, también quedan expuestas a nuevos riesgos: negligencia, pobreza, trauma emocional y desarraigo.

Cada caso que no es atendido refuerza la deuda institucional con estas víctimas indirectas de la violencia. El Estado tiene una responsabilidad pendiente: garantizar su bienestar y protección.