Por: Andrés Solis (@aasolisa)
La libertad de expresión en México está bajo amenazas y es el Estado el principal impulsor de reformas legales que buscan inhibir, acotar y menoscabar el derecho de las personas a expresarse libremente o a recibir información.
El 29 de junio de 2025, el Senado de la República aprobó la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que a decir de especialistas, pretende imponer censura previa, aun cuando viole los artículos 6 y 7 de la Constitución.
Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 oficina para México y Centroamérica, "lo que estamos viendo es una escalada de leyes o iniciativas de ley con un claro objetivo censor, un claro objetivo criminalizante de la libertad de expresión, con la finalidad real, aunque expongan otros motivos, la finalidad real es inhibir la crítica pública".
Aunque desapareció el artículo 109 que permitía al Estado bloquear plataformas digitales, violando el derecho a difundir informaciones y opiniones, lo aprobado obliga a plataformas de streaming a pedir permisos por anticipado, lo que afectaría el derecho de cualquier persona a realizar transmisiones en vivo a través de redes socio- digitales.
La nueva ley crea un órgano regulador que estará bajo el control de la Agencia de Transformación Digital y cuyos integrantes serán designados directamente por quien ocupe la Presidencia de la República.
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, señala "el nuevo órgano regulador de telecomunicaciones es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un desconcentrado dentro de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pero con independencia técnica, independencia operativa e independencia de gestión".
Sin embargo, especialistas ven en esta legislación un nuevo modelo de control del poder en su relación con medios privados y con el ejercicio de la libertad de expresión.
"Luego tenemos esta concentración de facultades en la Agencia de Transformación Digital, una de las más importantes y que es el nido de la víbora, en términos de una relación muy poco democrática, entre concesionarios privados y poder público, es que regresa la discrecionalidad al ejecutivo, para decir a quién sí, a quien no se le dan concesiones o se le renuevan", enfatiza Leopoldo Maldonado.