Más viviendas, menos control: rezago normativo pone en riesgo a La Paz

En lo que va del año 2025, el Ayuntamiento de La Paz ha expedido 1,383 licencias de construcción, de acuerdo con datos de la Dirección de Gestión Integral de la Ciudad. Aunque esta cifra representa apenas la mitad de las 2,806 licencias otorgadas en 2024, cerca del 80% están destinadas a la edificación de viviendas, como casas y departamentos.

Este auge en los permisos de construcción ha despertado cuestionamientos sobre los criterios y lineamientos que se aplican para su autorización. Carlos Rodríguez Malpica, director de la dependencia municipal, explicó que uno de los requisitos clave para aprobar un proyecto es la licencia de uso de suelo, la cual determina su viabilidad dentro del plan urbano. "Procedemos a hacer la inspección, y si no concuerda con lo autorizado, se suspende o se clausura dependiendo las condiciones que esté la obra", puntualizó el funcionario. También detalló que las multas por irregularidades pueden ir desde $250 hasta $25,000 pesos, dependiendo de la gravedad.

Una vez autorizada, se requiere llenar un formulario que incluya documentos como el pago del predial, escrituras y demás requisitos técnicos. Además, al finalizar la obra, la autoridad realiza una verificación final para constatar que se haya cumplido con el proyecto autorizado, de lo contrario, la obra no puede ser habitada.

Sin embargo, especialistas en derecho ambiental advierten que la regulación vigente no responde a los retos actuales del crecimiento urbano, especialmente en materia ambiental.

Mario Sánchez, director regional noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señaló que muchos de los permisos se otorgan bajo una Ley de Desarrollo Urbano estatal que data de 1994, la cual ha quedado desfasada frente a fenómenos como el cambio climático y la pérdida de ecosistemas costeros. "Están autorizando con una regulación que deja de lado muchos aspectos como el medio ambiente... Se manejan con conceptos bastante obsoletos", alertó Sánchez, quien consideró urgente actualizar el marco normativo para homologarlo con la legislación federal.

Los artículos 68 y 71 de dicha ley regulan aspectos como el uso de suelo, densidad poblacional, servicios básicos, protección ambiental y áreas de valor ecológico. Por su parte, el artículo 56 establece que los Ayuntamientos son responsables de zonificar las áreas urbanas y de conservación, definiendo los usos permitidos, prohibidos o condicionados.

A nivel federal, el artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define los elementos del ecosistema costero que deben protegerse, incluyendo playas, dunas, franjas intermareales, humedales, acantilados y arrecifes de coral.

Ante este panorama, especialistas coinciden en que el crecimiento urbano debe ir acompañado de una actualización legal y mayor vigilancia para que el desarrollo inmobiliario no ocurra a costa del medio ambiente y la calidad de vida en la ciudad.