¿Te imaginas que ya no puedas cuestionar al poder? Eso está pasando

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un fuerte rechazo ante la creciente ola de mecanismos de censura que afectan a medios independientes en distintos estados de México

Esta situación se manifiesta a través de decisiones judiciales sin precedentes, reformas legales regresivas y presiones institucionales que, lejos de ser incidentes aislados, evidencian un clima cada vez más adverso para la libertad de expresión en el país.

Uno de los casos más alarmantes ocurrió en Campeche, donde un tribunal local aplicó una orden inédita contra el periodista Jorge Luis González Valdez, prohibiéndole expresarse públicamente sobre la gobernadora Layda Sansores.

A esto se suma que el diario Tribuna Campeche está obligado a someter sus publicaciones a revisión previa de un interventor judicial, lo que la SIP calificó como un claro ejemplo de censura previa.

Cabe destacar que esta medida se impuso a pesar de que una instancia federal había declarado inconstitucional una sanción anterior contra el comunicador, lo que agrava la situación y pone en evidencia el manejo irregular de la justicia para limitar la cobertura periodística

En Puebla, la situación legal también genera preocupación tras la reciente reforma al artículo 167 del Código Penal, que introduce el delito de violencia digital. Esta norma castiga con prisión la publicación de contenido que pueda "afectar la dignidad" de una persona.

La ambigüedad con la que está redactado el texto abre la puerta a interpretaciones arbitrarias que podrían ser usadas para acallar a periodistas, activistas y usuarios críticos en redes sociales, especialmente aquellos que expresan denuncias contra funcionarios públicos.

En la Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) sumó una nueva controversia al exigir al medio digital La Silla Rota la entrega de documentos, videos y datos sobre una investigación relacionada con supuestas irregularidades electorales.

La amenaza de una multa cercana a los 590.000 dólares fue denunciada por el medio como un intento de vulnerar el secreto profesional y poner en riesgo la protección de sus fuentes, principios fundamentales para el ejercicio del periodismo

Casos similares han ocurrido en Tamaulipas, donde un tribunal electoral ordenó retirar una columna crítica publicada en El Universal tras una demanda de una candidata local, con la presunta colaboración del INE, que habría facilitado datos personales del periodista Héctor de Mauleón.

De manera paralela, el organismo electoral pidió a la periodista Laura Brugés revelar la identidad de una fuente, una acción que va en contra de las leyes mexicanas que aseguran la confidencialidad para periodistas.

Ante este panorama, José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, subrayó que estos ejemplos no son hechos aislados, sino manifestaciones de un entorno institucional cada vez más hostil al ejercicio libre del periodismo.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización, expresó su preocupación por la creación de precedentes que podrían afectar gravemente la libertad de expresión en México.

Estos episodios, en conjunto, alertan sobre un retroceso preocupante en el respeto a los derechos fundamentales de quienes informan, y ponen en evidencia la necesidad de proteger a la prensa independiente frente a presiones y censuras crecientes