La tormenta del 12 de julio dejó una estampa común en Durango: calles convertidas en ríos, muebles flotando en el agua y familias evacuando sus hogares con lo poco que podían salvar. Más allá del impacto inmediato, el episodio reveló una carencia estructural: solo el 2% de las viviendas en el estado cuenta con seguro, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) de 2024.
Esto significa que el 98% de los hogares duranguenses carecen de un mecanismo formal para recuperar su patrimonio tras un desastre. A nivel nacional, la situación no es mucho mejor: solo el 5.5% de las casas cuenta con algún tipo de seguro, y en muchos casos se trata de pólizas vinculadas a créditos hipotecarios, no adquiridas de forma voluntaria.
Especialistas en protección financiera explican que la falta de cultura de prevención, el desconocimiento sobre las coberturas y la percepción de altos costos (que oscilan entre 3,000 y 9,000 pesos anuales) limitan el interés por asegurar inmuebles. Esto deja a la mayoría de la población vulnerable frente a fenómenos como lluvias intensas, granizadas o incendios.
Tras la tormenta, cientos de familias deberán enfrentar pérdidas materiales, reparaciones y deudas sin respaldo alguno. En contraste, quienes sí contaban con seguro podrán iniciar procesos de reclamación para cubrir daños ocasionados por la inundación.
El episodio pone en evidencia que la protección del patrimonio no puede depender únicamente de programas de apoyo gubernamental. La necesidad de promover el aseguramiento voluntario se vuelve urgente ante el aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos.
El acceso a un seguro no es solo un tema financiero: es una forma de blindar años de esfuerzo familiar frente a un riesgo cada vez más recurrente.