La reciente decisión del Ayuntamiento de Tepic de contratar a la empresa privada SYME Servicios para la recuperación de la cartera vencida del impuesto predial ha generado inquietud entre los tepicenses. El debate se centra en si esta medida podría derivar en embargos a propiedades y en la legalidad de que un particular intervenga en el cobro de un impuesto municipal.
Solo la Tesorería puede embargar
De acuerdo con la legislación vigente en el Código Fiscal de Nayarit (PAE, diligencias y embargos), Ley de Hacienda Municipal, Ley/Reglamento Catastral, y Reglamento Interior de la Tesorería de Tepic; por cierto, ésta última es la única autoridad facultada para realizar procedimientos administrativos de ejecución (PAE), lo que incluye el embargo de bienes por adeudos fiscales; el Catastro Municipal, por su parte, se encarga de la determinación de valores y registro de propiedades, pero no tiene atribuciones para realizar embargos.
Aunque la contratación de un despacho privado para labores de cobranza no es ilegal en sí, la ejecución de medidas coercitivas, como el embargo, no puede ser delegada a un particular, ya que implica el ejercicio de autoridad exclusiva del municipio.
Preocupaciones ciudadanas
En este contexto, la ciudadanía teme que la intervención de SYME Servicios derive en prácticas de hostigamiento o cobros irregulares, especialmente en casos donde los contribuyentes mantienen adeudos por razones económicas; a la preocupación se suma la falta de información pública sobre el contrato firmado, así como la ausencia de datos claros sobre el domicilio fiscal y registro ante el SAT de la empresa.
"No es para embargar casas, es para invitar a pagar"
La tesorera municipal, Blanca Simancas , afirmó que el despacho trabajará bajo esquema de cobro a éxito, cobrando honorarios solo si recupera adeudos, con una meta de recaudación que podría superar los 30 millones de pesos; según dijo, la prioridad son morosos con años de rezago, y los embargos serían último recurso dentro del PAE.
"La intención con este despacho es notificar en domicilios que adeudan, invitar a acercarse, y solo si no hay respuesta, realizar el procedimiento que pudiera terminar en el embargo, pero no hay necesidad de llegar a eso", señaló.
La funcionaria llamó a aprovechar descuentos de hasta el 50%, y del 100% en casos de vulnerabilidad.
El caso plantea interrogantes sobre los límites de la colaboración público-privada en la gestión de impuestos municipales, y sobre cómo garantizar que los derechos de los ciudadanos no sean vulnerados durante el proceso de cobro.