En noviembre de 2022, Rafael y su esposa firmaron un contrato de compra-venta para adquirir un departamento en el fraccionamiento Jazmines Residencial, ubicado en Océano Antártico 198, en la capital queretana.
Tras dar el enganche y confiados en que el trámite estaba asegurado, la inmobiliaria les facilitó el acceso, por lo que ingresaron al inmueble sus pertenencias nuevas, entre ellas:
Sin embargo, pocos meses después descubrieron que la misma propiedad había sido vendida a otra persona.
"Tanto mi esposa como yo pensábamos comprar un departamento. Se encontraba relativamente cerca de donde vivíamos en esa época. Nos ofrecen una cierta fecha, porque seguía en construcción, de entregárnoslo. Nosotros comenzamos el trámite, dimos el adelanto y hay una como preinscripción del crédito. Todo parecía normal, ya se habían entregado otros departamentos, ya era el tercer edificio que se construía ahí en la zona", comentó Rafael.
El departamento no fue entregado de forma inmediata tras la firma del contrato, sino que la entrega estaba programada para tres o cuatro meses después. Mientras tanto, la inmobiliaria se comprometió a pagarles 2 mil 700 pesos mensuales por el retraso.
El 21 de abril de 2023, Rafael acudió a una cita en el INFONAVIT para inscribir su crédito, pero los representantes de la inmobiliaria nunca llegaron. Días después, la empresa les negó el acceso para recuperar sus pertenencias, mientras ignoraba sus mensajes y llamadas.
Ante esta situación, la pareja acudió a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), donde obtuvo una resolución favorable y una multa contra la inmobiliaria. Sin embargo, la medida no incluyó la devolución del departamento ni la recuperación de sus muebles.
Debido al incumplimiento, Rafael promovió un juicio mercantil, tras el cual un juez ordenó a la inmobiliaria pagar las rentas acordadas, pero no obligó a concluir la venta del inmueble.
Fue entonces cuando la pareja presentó un amparo para exigir la entrega del departamento, el cual falló a su favor.
Por ello, la inmobiliaria deberá entregar el inmueble vendido en 2022, pagar las rentas atrasadas y responder por todas las pertenencias que la pareja no pudo recuperar.
No obstante, aún están en espera de que la resolución se ejecute en los tribunales.
"Nosotros pedimos la ejecución de la sentencia y todavía no hay esa indicación, de en cuánto tiempo. Estamos en el proceso de esperar que se ejecute lo que ya resolvieron", externó Rafael, quien hasta el momento no ha acudido a las autoridades para conseguir justicia.
Cabe mencionar que, a pesar de las resoluciones judiciales, la inmobiliaria continúa operando con normalidad.