La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como una "injusticia" la propuesta del Congreso de Estados Unidos para imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes a sus países de origen, lo que afectaría directamente a millones de mexicanos que viven en aquel país.
"No, no estamos de acuerdo en esta injusticia, que es discriminatoria", expresó durante su conferencia de prensa matutina.
La propuesta forma parte del llamado Único, Grande y Hermoso Proyecto de Ley, promovido por el congresista republicano Jason Smith. Esta iniciativa contempla cobrar ese 5% directamente al emisor de las remesas, es decir, a los trabajadores migrantes, muchos de los cuales ya cumplen con sus obligaciones fiscales en Estados Unidos.
Sheinbaum subrayó que todos los mexicanos que viven en ese país pagan impuestos, sin importar su situación migratoria. "Tengan o no documentos, todos pagan impuestos. Incluso, hay estados que ya gravan las remesas", enfatizó. La mandataria también aplaudió el llamado a la "mesura" hecho por el Senado mexicano, que se pronunció de forma unánime contra la medida.
Según datos del Banco de México, el país recibió 14 mil 269 millones de dólares en remesas solo en el primer trimestre de 2025, lo que representó un aumento anual del 1.3%. En marzo, los envíos crecieron 2.7%, tras haber caído en febrero, el primer mes completo de la presidencia de Donald Trump, bajo un contexto de políticas migratorias más duras.
Si se calcula sobre el total del año 2024, cuando México recibió 64 mil 745 millones de dólares, el impuesto equivaldría a poco más de 3 mil 237 millones de dólares.
Este dinero que envían los migrantes representa cerca del 4% del Producto Interno Bruto de México, lo que refleja su importancia en la economía nacional. El país ha encadenado once años consecutivos con incrementos en la llegada de remesas, convirtiéndolas en una de sus principales fuentes de ingresos.
Ante esta situación, Sheinbaum pidió respeto hacia la comunidad mexicana en Estados Unidos y rechazó que se les castigue con medidas que, según dijo, son discriminatorias y carentes de fundamento económico.