Impunidad judicial: por qué no procesan a jueces corruptos

Recientemente, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó desde el Palacio Nacional que más de 100 criminales han sido liberados gracias a decisiones tomadas por diversos jueces

Esto plantea una pregunta inevitable: si el gobierno está al tanto de estos casos y reconoce que existe corrupción en el sistema judicial, ¿por qué no se procesa a los jueces responsables?

La respuesta es compleja. En México, los jueces cuentan con inmunidad judicial respecto a las decisiones que toman en el ejercicio de sus funciones, lo que garantiza su independencia, según lo establece la Constitución.

Esta inmunidad significa que, aunque una resolución sea polémica, no puede ser castigada penalmente a menos que se compruebe un delito claro, como corrupción o abuso de poder.

Demostrar estos delitos no es sencillo. Se necesita evidencia sólida, y esto suele complicarse, ya que los jueces pueden argumentar que sus fallos se basaron en interpretaciones jurídicas o en la falta de pruebas contundentes por parte de la fiscalía.

El Código Penal Federal, establece delitos contra la administración de justicia que pueden cometer los servidores públicos y que se pueden usar en contra de los jueces si se les comprueba el delito

Los delitos por los que se les puede condenar, en caso de comprobarse, son, entre otros:

• Dictar, a sabiendas, una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley, ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio u omitir dictar una resolución de trámite, de fondo o una sentencia definitiva lícita, dentro de los términos dispuestos en la ley.

• Retardar o entorpecer maliciosamente, o por negligencia, la administración de justicia.

• Abstenerse injustificadamente de ejercer la acción penal que corresponda contra una persona que se encuentre detenida a su disposición como imputado de algún delito, cuando esta sea procedente conforme a la Constitución y a las leyes de la materia, en los casos en que la ley les imponga esa obligación.

Probar que un juez actuó con mala intención o fue muy negligente es complicado, ya que puede decir que se equivocó al interpretar la ley o que no había pruebas suficientes, lo que hace difícil llevarlo a juicio

El país cuenta con el Tribunal de Disciplina Judicial, creado por la reforma judicial de 2024, cuya función es investigar y sancionar a los jueces por conductas indebidas.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este tribunal puede: recibir e investigar denuncias contra jueces; imponer sanciones administrativas (amonestaciones, suspensiones o destituciones); remitir casos al Ministerio Público si se detectan delitos penales; y evaluar el desempeño de jueces y magistrados en su primer año, con posibilidad de suspensión o destitución si no cumplen con los estándares establecidos.

De acuerdo a el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, México tiene una puntuación de 31 sobre 100 y ocupa el lugar 126 de 180 países, lo que refleja una percepción generalizada de corrupción en el sistema judicial

Un caso reciente es el del juez Gregoria Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, quien tiene una carpeta de investigación en su contra por delitos contra la administración de justicia. Así lo anunció el fiscal Alejandro Gertz Manero en diciembre de 2024.

Se le acusa de facilitar la liberación de varios criminales entre 2022 y 2024. Algunos ejemplos destacados son:

• José Alfredo Cárdenas Martínez ("El Contador"): líder del Cártel del Golfo, liberado en noviembre de 2024 tras una audiencia en la que el juez consideró insuficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
• Mario Alberto Cárdenas Medina: sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, liberado en enero de 2023.
• Casos de Segalmex y Conacyt: Salazar ordenó la liberación de implicados en casos de corrupción relacionados con ambas instituciones.

En 2023, el Consejo de la Judicatura Federal investigó a siete jueces por corrupción y nepotismo, pero no se han reportado encarcelamientos

La dificultad para encarcelar a jueces que liberan a líderes del narcotráfico en México radica en las protecciones legales que garantizan su independencia, la alta carga probatoria para demostrar delitos penales y la preferencia por sanciones administrativas sobre penales.

Aunque existen casos como el del juez Gregorio Salazar, bajo investigación estos son excepciones. La base legal, incluyendo la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Penal Federal, establece sanciones, pero su aplicación es limitada por factores institucionales y prácticos.