Jueces mexicanos favorecen a criminales, denuncia García Harfuch
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, denunció este jueves que varios jueces en el país han favorecido a presuntos delincuentes con sus decisiones, lo que consideró "inaceptable" y preocupante.
Durante la conferencia de prensa presidencial, el funcionario reveló que se tiene registro de 193 determinaciones judiciales que han beneficiado a criminales, permitiendo traslados, liberaciones y egresos definitivos de personas acusadas de delitos graves.
García Harfuch destacó que, de estas determinaciones, 164 implicaron el cambio de medidas cautelares y dos fueron liberaciones definitivas. Estas decisiones, añadió, han permitido que más de 100 delincuentes regresen a las calles, lo que representa un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.
Además, se han dado 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos por la ley, según lo reportado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El secretario subrayó que muchos de estos delincuentes están involucrados en delitos graves como secuestro, homicidio, y portación de armas de fuego exclusivas del Ejército.
"Es inaceptable que órganos jurisdiccionales cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia, tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes", expresó García Harfuch. Entre los casos más preocupantes, mencionó el de Miguel Ángel N, líder del Cártel de los Zetas, quien, a pesar de ser requerido por el Gobierno de Estados Unidos por varios delitos graves, ha tenido su extradición bloqueada en más de 79 ocasiones por siete jueces.
Otro caso señalado por García Harfuch fue el de Gerardo Pince Alanís, presunto operador del Cártel del Pacífico, y el Contador, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cartel del Golfo. El funcionario acusó al juez Gregorio Salazar Hernández, con sede en el Estado de México, de haber otorgado beneficios a estos criminales, lo que pone en duda la imparcialidad del sistema judicial.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también abordó el tema y señaló que las denuncias contra los candidatos a la próxima elección judicial, algunos de los cuales presuntamente tienen vínculos con el narcotráfico, serán revisadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral.
Sheinbaum destacó que, hasta el momento, las denuncias han sido presentadas a través de redes sociales. Además, pidió al Tribunal Electoral invalidar las candidaturas de aquellos aspirantes con nexos con el crimen organizado.
Este conflicto judicial se enmarca en el contexto de la primera elección popular del Poder Judicial en México, en la que más de 99 millones de votantes están convocados a elegir 881 cargos judiciales.
Estas elecciones, que comenzaron el pasado 30 de marzo y finalizarán el 28 de mayo, han generado controversia y alertas sobre posibles intromisiones del Ejecutivo y del crimen organizado. La oposición, organismos internacionales como la ONU y diversas asociaciones civiles han expresado su preocupación por la transparencia y la legitimidad de este proceso.
La situación refleja una creciente desconfianza en el sistema judicial mexicano, especialmente en momentos de gran polarización política y de cuestionamientos sobre la independencia del Poder Judicial. Las elecciones populares para los cargos judiciales se presentan como un punto crítico en la lucha por una justicia más transparente e imparcial en el país.?
