Migrantes ganan batalla legal en la frontera con México
La política migratoria del expresidente Donald Trump sufrió un revés esta semana, luego de que jueces federales desestimaran los cargos contra más de 100 inmigrantes acusados de ingresar a zonas recientemente declaradas como áreas militares en la frontera con México.
La medida, impulsada por el Gobierno en su intento por frenar la migración, buscaba endurecer las consecuencias legales para quienes cruzaran de forma indocumentada.
En Texas, el juez federal Miguel Torres desestimó los cargos contra 16 personas que supuestamente cruzaron una franja declarada como de uso militar en El Paso. Según información de El Paso Matters, el magistrado argumentó que el Gobierno no demostró que las zonas estuvieran claramente señalizadas con letreros visibles que advirtieran a los migrantes sobre la restricción.
De forma similar, en Nuevo México, el juez federal Gregory B. Wormuth rechazó las acusaciones contra 98 inmigrantes. De acuerdo con la cadena ABC, el juez consideró que el Gobierno federal no pudo probar que los acusados supieran que estaban ingresando a una zona militar, lo que hacía inválida la imputación.
Estas decisiones judiciales representan un obstáculo para las políticas de militarización fronteriza promovidas por la Administración Trump. El entonces presidente había ordenado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, ampliar las zonas bajo control militar a lo largo de la frontera, lo que permitía a soldados detener migrantes, una acción normalmente prohibida dentro del país.
El Pentágono tomó el control de dos zonas: un tramo de 274 kilómetros en Nuevo México, conocido como la Reserva Roosevelt, y otro de 101 kilómetros a lo largo del Río Grande, en Texas. Aunque estas áreas ahora son consideradas de jurisdicción militar, los jueces han cuestionado la manera en que el Gobierno notificó a quienes cruzaban.
La Fiscalía buscaba usar estas nuevas demarcaciones para presentar cargos más graves contra los migrantes, ya que ingresar a una zona militar implica consecuencias legales más severas que simplemente entrar sin documentos. Sin embargo, la falta de señales claras ha debilitado estos casos.
Todas las personas involucradas en estos procesos siguen bajo custodia de las autoridades migratorias, quienes decidirán su situación legal por el ingreso irregular al país. Mientras tanto, los fallos de los jueces abren un nuevo debate sobre la legalidad y efectividad de militarizar la frontera como estrategia para frenar la migración.
