Retiro de cámaras de vigilancia en Durango: equilibrio entre seguridad y privacidad

Las autoridades de Durango han implementado operativos para retirar cámaras de seguridad instaladas en espacios públicos y privados, generando un debate entre el derecho a la seguridad y el respeto a la privacidad. Estos operativos, realizados por autoridades municipales, estatales y federales, responden a denuncias ciudadanas por instalaciones sin permiso, invasión de privacidad y presunto uso de estos dispositivos para fines delictivos como extorsión o acoso.

El 5 de marzo de 2024, en un operativo realizado en la colonia Victoria de Durango capital, se retiraron 12 cámaras que habían sido colocadas en postes y fachadas sin autorización. Estas dispositivos no solo captaban espacios públicos, sino también patios y ventanas de viviendas particulares, violando claramente la privacidad de los residentes. La acción fue respaldada por múltiples denuncias vecinales que alegaban sentirse vigilados de manera injustificada.

Sin embargo, la forma en que se han llevado a cabo estos retiros ha generado molestias entre algunos ciudadanos. Los operativos, que en ocasiones incluyen la presencia de elementos armados, han sido criticados por considerarse excesivos. No obstante, las autoridades defienden estas medidas como necesarias para regular el uso de sistemas de videovigilancia y prevenir posibles abusos.

En Durango existe una división de opiniones respecto al uso de cámaras de seguridad. Mientras la mayoría de los ciudadanos las apoya como herramienta para disuadir el crimen, una minoría considera que representan una invasión a su vida privada. Expertos en seguridad sugieren encontrar un punto medio, ajustando los ángulos de grabación para que vigilen únicamente espacios públicos sin invadir propiedades privadas.

Las autoridades hacen un llamado a la autorregulación, recordando que la instalación de cámaras que capturen espacios públicos o ajenos requiere permisos oficiales. El retiro de estos dispositivos busca establecer un equilibrio entre la necesidad de seguridad y el respeto a los derechos fundamentales de privacidad. Este caso en Durango refleja un desafío que enfrentan muchas ciudades mexicanas al regular el uso creciente de tecnologías de vigilancia en espacios compartidos.

El debate continúa abierto, con la participación de ciudadanos, autoridades y expertos en seguridad buscando soluciones que protejan tanto la seguridad colectiva como los derechos individuales. Mientras tanto, los operativos de verificación y retiro de cámaras instaladas irregularmente seguirán realizándose en distintas colonias de la ciudad.