En Durango, los periodos vacacionales no solo significan descanso y convivencia familiar, también representan un incremento en los casos de violencia intrafamiliar. La prolongada permanencia dentro de los hogares, aunada a factores como el consumo de alcohol, tensiones económicas o conflictos previos no resueltos, ha generado un repunte en las denuncias presentadas ante las autoridades en lo que va del año.
De acuerdo con registros oficiales, durante el primer bimestre de 2025 se contabilizaron 658 denuncias por violencia familiar, lo que equivale a un promedio de 11 casos diarios. La capital del estado concentró más de la mitad de los reportes (56 %), mientras que Gómez Palacio aportó el 23 % y Lerdo el 9 %, confirmando que la problemática se distribuye de manera significativa entre las principales ciudades.
En la región Laguna, los reportes semanales suelen oscilar entre 20 y 30 en temporada normal. Sin embargo, durante vacaciones alcanzan picos de hasta 40 carpetas de investigación, lo que refleja un aumento sostenido y preocupante. Las denuncias abarcan desde agresiones físicas hasta violencia psicológica y económica, mostrando la complejidad y amplitud del fenómeno.
Organismos de atención a mujeres han señalado que, aunque los reportes tienden a incrementarse en estas fechas, muchas víctimas retrasan la búsqueda de ayuda por temor o presión familiar. Esta situación complica la detección temprana y limita la atención oportuna de los casos. No obstante, en semanas críticas se han registrado más de 130 auxilios directos, lo que confirma la sobrecarga que enfrentan los servicios de apoyo institucional.
Las denuncias acumuladas en los últimos periodos vacacionales dejan claro que la violencia intrafamiliar en Durango no es un fenómeno aislado ni pasajero. Al contrario, es una problemática que se intensifica en etapas de convivencia prolongada, afectando tanto a mujeres como a niñas, niños y adultos mayores dentro de los hogares.
Los datos muestran que, más allá del descanso y el tiempo libre, las vacaciones representan un momento en el que aumenta la vulnerabilidad social y emocional, donde la atención institucional, la prevención comunitaria y el acceso real a la justicia resultan indispensables para reducir riesgos y garantizar entornos seguros.