Durante el primer trimestre de 2025 se registraron 104 incidentes de violencia política en México, según el Reporte de Violencia Política elaborado por la consultora Integralia.
Aunque esta cifra representa una reducción del 59.2% en comparación con el mismo periodo de 2024, el fenómeno continúa siendo preocupante por la gravedad de los delitos involucrados.
El homicidio fue el delito más frecuente, con 50 casos reportados. A esto se suman 24 amenazas, 15 atentados con arma de fuego, 11 secuestros, dos desapariciones y otros dos hechos violentos. La mayoría de los incidentes ocurrieron en el ámbito municipal, donde las autoridades locales enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad frente al crimen organizado.
Morelos fue identificado como el estado más violento, con 17 casos de violencia política. Le siguen Veracruz con 13, Oaxaca con 12, Puebla con 11 y Guerrero con nueve. Según el informe, estos estados comparten altos niveles de incidencia delictiva y una fuerte presencia de grupos criminales, lo que explica la concentración geográfica de los ataques.
Morena es el partido político con más agresiones registradas, al acumular 30 incidentes. En segundo lugar está el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 10, y en tercero Movimiento Ciudadano (MC) con nueve. La mayoría de las víctimas fueron funcionarios o exfuncionarios públicos (75.9%), seguidos por aspirantes a cargos de elección popular (15.4%) y políticos o expolíticos (8.7%).
El informe advierte que la violencia podría incrementarse en los próximos meses, especialmente hacia junio, cuando se celebrarán elecciones locales en entidades como Durango y Veracruz. En este último estado, la disputa entre cárteles ha generado un ambiente de tensión que podría escalar en el contexto electoral.
Integralia atribuye esta violencia al interés de los grupos criminales por controlar los recursos municipales, influir en las estructuras policiales locales y mantener dominio sobre los mercados ilegales en distintas regiones del país. La debilidad de los gobiernos municipales ha permitido que estas organizaciones actúen con relativa impunidad.
La mayoría de los hechos ocurrieron en la región centro y sur del país, zonas en las que, según la consultora, el crimen organizado busca mantener su control territorial mediante el uso de la violencia contra actores políticos.